Mucho ha cambiado el escenario desde que las organizaciones más representativas decidimos hacer frente común para empujar a los dos últimos gobiernos (de distintos partidos políticos) a reconocer derechos que nos discriminaban gravemente con respecto al conjunto de los trabajadores. Sólo desde la desinformación o la politización oportunista puede afirmarse que el colectivo de autónomos españoles, formado por más de tres millones de personas, no ha progresado en derechos sociales a lo largo de los últimos años.

La reforma del cese de actividad; el acceso al nuevo sistema de formación; la bonificación de la cuota de la Seguridad Social a partir del día 61 para los autónomos que están en incapacidad temporal; la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional y las bonificaciones para las autónomas que se reincorporan después de una baja por maternidad o cuidados a personas a su cargo, son un buen ejemplo de ello.

Sin embargo, Eduardo Abad, presidente de UPTA afirma: “Los autónomos constatamos que aún estamos lejos de cerrar el ciclo de una verdadera política para desarrollar el autoempleo en España. Concretamente hay que trabajar en cuatro líneas:  Sistema definitivo de cotización a la Seguridad Social; Régimen de aplicación de medidas para la correcta definición de las deducciones por IRFP; Política estratégica de fomento público del autoempleo y política estratégica dirigida al mundo rural”.

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril ha producido un estrangulamiento de los trabajos que estábamos realizando con el Gobierno, en diversos frentes, las organizaciones más representativas. Por ejemplo, el abrupto final de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, llamada a ofrecer una alternativa definitiva a los antiguos sistemas de cotización y prestaciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a la Seguridad Social.

Precisamente, para enmarcar y dar coherencia al desarrollo del autoempleo en España se hace inaplazable la aprobación del Plan Estratégico 2020-2023 en materia de Políticas Activas, que se encuentra en fase de análisis de los primeros borradores legislativos: relevo generacional; Continuidad de Actividades; eliminación de barreras administrativas; digitalización; ODS; fomento de la igualdad de género; y formación, reciclaje y cualificación del colectivo.

Los conflictos constantes ante la aparición de plataformas digitales y otras formas de trabajo ligadas a las Nuevas Tecnologías hacen inaplazable aprobar modificaciones legales que afectarán al Trabajo Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE), otorgándole competencias efectivas al Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo y alentando los acuerdos de Interés Profesional (AIP) que deberán quedar inscritos en un Registro Oficial.

Pero si hay dos cuestiones que requerirán la máxima prioridad para el nuevo Gobierno de la Nación son, sin duda, la modificación inaplazable de la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo en la definición de “gastos deducibles a efectos de IRPF” y la creación de un subsidio especial a partir de los 52 años para aquellos autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad que hayan cotizado en este sistema.

Los avances indiscutibles que hemos logrado los autónomos españoles han contado con el consenso de los grupos parlamentarios sin excepciones, lo que nos hace ser optimistas sobre una próxima Legislatura que cierre el ciclo de una verdadera política impulsora del empleo individual en España.

Desde Upta ofrecemos nuestra máxima colaboración al Gobierno que resulte elegido el 28A, confiamos en que el nuevo Ejecutivo tenga buen talante y aceleremos entre todos una hoja de ruta con las prioridades del colectivo, perfectamente definidas, pendientes sólo de la voluntad reformista de los grupos políticos y sus representantes.