LAS INNUMERABLES BARRERAS ADMINISTRATIVAS IMPIDEN QUE LOS AUTÓNOMOS PUEDAN ACCEDER DIRECTAMENTE A ESTOS CONTRATOS

 

Los datos publicados por el Observatorio de la Contratación Pública demuestran que la participación de trabajadores autónomos, profesionales y microempresas en la ejecución directa de contratos de la administración pública es pírrica en comparación con las medianas y grandes empresas, que han sido ganadoras de más del 75% del total licitado durante el año
2017, último del que se tienen datos consolidados.

Son las comunidades autónomas las que licitan un mayor número de concursos públicos con más del 50% de ellos, seguidos de los que se desarrollan en el ámbito municipal, casi un 36% y los de la administración central con apenas un 14%. Todos estos datos no incluyen los contratos de menos de 5.000 euros, ni los de Seguridad y Defensa.

Los autónomos no podemos renunciar a este fundamental nicho de negocio que se genera todos los años, ni tampoco podemos depender de la subcontratación de otras empresas que disminuye nuestro beneficio, retrasa los periodos de pago y no sirve para demostrar en el futuro la necesaria solvencia técnica.

Si bien es cierto que las dificultades legales y administrativas existentes para que nuestro colectivo pueda presentarse a las licitaciones han mejorado a través de la transposición de las directivas europeas 23 y 24 de 2014 sobre contratación pública, sin embargo, esta transposición legislativa se ha acometido ya avanzado el año 2018 y aún mantiene muchos impedimentos y es muy desconocida para buena parte de las entidades contratantes. Sin embargo, UPTA considera que los autónomos tienen que aprovechar que nuestro Parlamento ha suavizado los requisitos necesarios para poder concurrir en buenas condiciones a través de pequeñas estructuras empresariales, bien de forma individual o de forma agrupada a través de agrupaciones de interés económico.

 

Aspectos tan infranqueables como eran los de la solvencia técnica o económica, además del cambio en el formado tradicional de apertura de sobres, hacen que la contratación pública sea una muy buena opción para generar negocio directo y dejar atrás la simple participación a través de la subcontratación de algún servicio aislado y residual al que teníamos acceso.

Los portales existentes en las distintas administraciones, en especial el del Ministerio de Hacienda, así como las plataformas públicas de las comunidades autónomas, nos proporcionan la información necesaria para poder presentarnos a estas licitaciones.

Pero en el fondo de la cuestión ya no están las cortapisas que existían, ahora se trata de que desde las administraciones más cercanas a los autónomos en el ámbito local y autonómico se fomente la creación de estructuras de pequeño tamaño capaces de competir en este mercado.

Esta situación que, sin duda sería de gran ayuda en las poblaciones más pequeñas a la hora de desarrollar una verdadera economía circular y sostenible en zonas rurales, tiene que ser fomentada para desarrollar actividades económicas para los residentes en este ámbito habitacional y seria sin duda un buen polo de atracción para miles de emprendedores que podrían asentar firmemente sus pequeñas unidades de producción económica en zonas poco habitadas.

Para UPTA este es un debate que sin duda tiene que imperar en el centro del debate político en el contexto de los próximos comicios municipales y autonómicos en el que debe determinarse el posicionamiento claro sobre la llamada revolución económica del ámbito Rural.