Cuando un autónomo emite una factura a una gran empresa normalmente cobra a 120 días, y tiene que ingresar el IVA en el trimestre correspondiente, por lo que necesita una línea de descuento bancario para soportar la falta de liquidez y poder asumir los costes diarios de su actividad. Mientras tanto, la empresa, si es de venta finalista cobra al contado la mercancía y deduce el IVA en el trimestre donde le han emitido la factura. Son los encargados de financiar la tesorería circulante de las empresas y de proporcionarles crédito fiscal.

Las buenas intenciones se tienen que transformar en hechos, el retraso en la modificación de la Ley de Morosidad es injustificable. Eduardo Abad, presidente de UPTA, «la pasividad política no puede continuar, este asunto es una burla, los trabajadores por cuenta propia siguen teniendo que adelantar el IVA de las facturas no cobradas y son los únicos damnificados ante la pasividad política».

El escenario sigue siendo el mismo que hace unas cuantas legislaturas, con el agravante de que nos encontramos ante una complicada situación económica a nivel global, en la que seguirá bajando el consumo interno, debido, entre otras causas, a la irrupción del Coronavirus.

Este no es un contexto desconocido para el actual ejecutivo. Ha sido tratado este asunto ampliamente en las campañas electorales de los últimos años. Además, los partidos políticos en su conjunto han manifestado su compromiso de solucionarlo bajo el paraguas del consenso parlamentario, por ello, instamos al Gobierno a no demorar ni un solo día más la modificación necesaria.

UPTA España establecerá contacto con los responsables económicos de Moncloa, con el fin de acelerar el proceso de modificación de la Ley de Morosidad y terminar con esta situación totalmente injusta.