UPTA SIEMPRE DEFENDERÁ LA FIGURA DEL TRADE, LA LEGISLACIÓN ES CLARA Y NO SE PUEDE PRETENDER HACER UN TRAJE A MEDIDA PARA CADA MODELO DE NEGOCIO

 

Esta semana hemos conocido la propuesta que ha realizado públicamente la patronal de las empresas de plataformas digitales, una modificación de la Ley de autónomos.

Los nuevos entornos de trabajo no pueden implicar precarización laboral para los trabajadores, sean éstos por cuenta ajena o por cuenta propia. La figura contractual que se ha propuesto, el TRADE DIGITAL, no puede ser un híbrido entre un trabajador y un TRADE, tenemos en nuestro ordenamiento laboral figuras que responden perfectamente a las necesidades del nuevo mercado de trabajo y tan sólo tendrían que ser revisadas algunas particularidades, no en el sentido contractual más bien en el operativo del desarrollo de la actividad.

La indemnización por finalización de contrato, los seguros adicionales o la formación de los TRADE ya se recogen en la mayoría de los acuerdos de interés profesional que firman empresas y TRADES, por lo que esta iniciativa presentada por Adigital no aporta ninguna novedad significativa.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, comentaba hoy “hace meses propusimos una mesa de trabajo con los sectores implicados: patronales, sindicatos y las asociaciones de autónomos más representativas, con el fin de encontrar un punto de encuentro, sin que hasta el momento la patronal de las plataformas se hubiese pronunciado al respecto. No permitiremos que las imprudencias cometidas por alguna plataforma digital contagien al resto de empresas, que desarrollan perfectamente su actividad en colaboración con los TRADE”.

Por otro lado, sería necesario un esfuerzo por parte de la administración, la inspección de trabajo tiene que diferenciar claramente a los trabajadores TRADE de los que no lo son y tratar a todos de la misma manera. Actualmente la realidad es que, ante esta situación de falsedad contractual creada por parte de algunas empresas del sector digital, la respuesta de la administración de empleo está siendo determinar altas de oficio en el Régimen General, que posteriormente acaban siendo judicializadas, siendo el órgano judicial el que al final ocupa el papel de legislador.

 

Si se tienen que realizar modificaciones legislativas tendrán que ir dirigidas a clarificar las dos fórmulas que existen para poder desarrollar una actividad profesional, y nunca para crear una figura que responda a los intereses de las empresas de un único sector.